En este artículo analizaremos el porqué de esta situación, que tanto parece preocupar a la sociedad estos días, al no entender cómo pueden producirse este tipo de situaciones en contraposición con la comisión de otros delitos que presuntamente han sido realizados por otras personalidades dentro del panorama nacional.stock-photo-34722622-white-collar-crime

        Desde hace varios días se viene escuchando en los medios de comunicación la alarmante y cuanto menos perturbadora noticia de “Condenado a 6 años de prisión por cometer un delito de 79,20 €uros!!!!»

          Pues sin perder de vista el contexto social en el que nos movemos hoy día y a la prensa sensacionalista que tanto nos gusta, antes de poder emitir una opinión contraria a la actividad realizada por el juez, el fiscal, la justicia en general y a este desgobierno que ahora nos toca vivir, debemos leer la sentencia que en su momento dictó el Tribunal Supremo (la cual rebajó la pena que la Audiencia Nacional fijó en su momento) para entender los motivos de su ingreso en prisión.

             Hay que aclarar que la condena a 6 años de prisión le viene impuesta por haber cometido un delito previsto en el art. 399 bis.1 del Código Penal en el que se establece que “”El que altere, copie, reproduzca o de cualquier otro modo falsifique tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años. Se impondrá la pena en su mitad superior cuando los efectos falsificados afecten a una generalidad de personas o cuando los hechos se cometan en el marco de una organización criminal dedicada a estas actividades”.

            Se le intervino material al ser detenido, tal como pasaportes falsificados (de Nigeria y Reino Unido), tarjetas de crédito con la banda magnética manipulada. Y en el domicilio se le incautaron talones y visas falsificados, permiso de conducir falsificado, lector grabador de tarjetas magnéticas, carpeta con combinaciones bancarias, etc.

            En concreto, se le condenó por falsificación de documento oficial, delito de estafa y pertenencia a organización criminal o banda armada; y así la sentencia declaró en sus hechos probados que era el encargado de fabricar las tarjetas y utilizó las tarjetas falsificadas para realizar cargos superiores.

           Por tanto, no ingresa en prisión, como se dice por ahí,  por haber estafado project365-gavel-5541804-lla cantidad de 79 €uros, sino por la comisión del delito en sí. La importancia que ello trae consigo es trascendental, pues qué hubiera podido ocurrir si en lugar de ser detenido en aquel momento con la estafa de esa cantidad, se hubiesen estafado 100.000 €uros o más.

Sin lugar a dudas, es evidente el hecho de que después del tiempo transcurrido entre la comisión de los hechos, la instrucción de la causa, el enjuiciamiento en primera instancia, posterior recurso, resolución de indulto…. se produce una situación difícil de entender sobre todo para aquel que no ha vuelto a delinquir durante ese largo transcurso de tiempo y ha rehecho su vida (por ejemplo con familia, empleo estable, superados tratamientos de deshabituación).

          Pero esto es lo que desgraciadamente ocurre en ocasiones en nuestro país, con una justicia excesivamente lenta.

           No es de recibo ser demagogo y comparar estos hechos con aquellos otros en los que presuntamente han podido defraudar mucha más cuantía otras personalidades de la farándula española, cuando aún ni siquiera han llegado a ser condenadas por sentencia firme y tampoco nos encontramos ante el mismo tipo delictivo.

         El problema lo encontramos en situaciones como ésta, en las que ya la función de nuestro ordenamiento jurídico y su principio de reinserción social parece que pierde su sentir, pues al no existir una celeridad en los procedimientos, lo que en el año de la comisión de los hechos pudo haber sido justo, hoy puede entenderse que no lo es.

Mercedes Martínez Pascual

Abogada – Socia