Desde que el pasado 1 de julio de 2015, entrara en vigor la reforma del Código Penal introducida por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, las personas jurídicas ya pueden delinquir y ser penalmente declarados responsables por ello.

Atrás quedan las enseñanzas en la Universidad de Derecho, en materia penal, en las que se nos decía que sólo las personas (en su sentido más extricto) podían cometer delitos y ser por tanto condenadas como reos.

Hoy día, ya han sido varias las sentencias que condenan a las empresas por la comisión de determinadas conductas delictivas. Por ejemplo, una de las más recientes es la Sentencia nº 154 de fecha 29 de febrero de 2016 (ponente señor Maza Martín), dictada por el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en la que por primera vez aprecia la responsabilidad peproject365-gavel-5541804-lnal de una persona jurídica, tras cumplir con los requisitos fijados por el artículo 31 bis del Código Penal y al considerar a la persona jurídica declarada responsable como instrumento para la comisión de un delito, en este caso lo fue contra la salud pública.

Si se prueba que una persona física que ha cometido un delito es integrante de una persona jurídica, bien por ser administradores de hecho o de derecho o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, y que esta empresa ha obtenido un beneficio directo o indirecto, además de haber incumplido su obligación de establecer medidas de vigilancia y control para evitar la comisión de delitos, puede llevar a la condena por responsabilidad penal del artículo 31 bis, fijando entre otras las penas de disolución y multa para la citada empresa.

stock-photo-successful-small-business-owner-standing-with-crossed-arms-with-employee-in-background-preparing-286965218No obstante, se ha introducido en la citada norma un elemento positivo, para precisamente mejorar la transparencia en las relaciones comerciales, a fin de que se respete una actuación responsable de las empresas frente a los consumidores, empleados, inversores, etc. Este elemento es el Compliance Officer o Director de Cumplimiento Normativo, quien se encargará de vigilar  y controlar la comisión de delitos dentro de la empresa.

Esta figura que deriva del derecho anglosajón, supondrá que la empresa pueda verse eximida de responsabilidad penal, o al menos que ésta sea atenuada (artículo 31 bis 2 y artículo 31 quater); y aunque hoy día aún no se exige a las empresas contar con la figura de ese Compliance Officer, la realidad es que si un trabajador de la empresa cometiera un delito, el administrador y la persona jurídica en sí misma serán imputables si no disponen de ese programa de prevención de delitos.

De hecho si la prevención se lleva a cabo con anterioridad a la comisión del delito podrá ser eximente, pero si se desarrolla con posterioridad a la comisión del ilícito podrá atenuar la pena, siempre que se realice antes de la celebración de un juicio oral y tras la investigación. Podrá por tanto, cualquier empresa  que ya se encuentre actualmente imputada, beneficiarse de este mecanismo y disminuir así sensiblemente su responsabilidad.

Así pues, no es obligatorio, pero sí muy necesario.

Esta medida afecta a todas las empresas españolas, autónomos y pymes, por lo que es fundamental que encarguen a profesionales externos la figura del director del cumplimiento normativo, que elabore y supervise el programa de prevención de delitos, ya que podrían eximirse de responsabilidad penal tanto en aquellos supuestos en los que el delito sea cometido  por sus representantes legales o personas que ostenten facultades de organización y control en éstas, como cuando sean los trabajadores dependientes de ellos quienes cometan el delito.

Hay que advertir que la simple redacción y /o ejecución de este programa de control no es suficiente para que las empresas queden exentas de responsabilidad penal, ya que para que ésta se produzca debe existir un órgano autónomo que supervise el funcionamiento y cumplimiento del programa implantado en la compañía de manera stock-photo-business-handshake-and-business-people-108327197independiente.

Desde el despacho de IURISCONSULTING ABOGADOS asesoramos en esta materia, siendo Controladores jurídicos y ofreciendo el complemento necesario para velar por la prevención de los delitos que pudieran cometerse dentro de su empresa o pyme. No dude en consultarnos.

 

 

Mercedes Martínez Pascual

Abogada – Socia