A raíz de la adquisición del Banco Popular por el Banco Santander se ha causado un perjuicio a muchísimos  accionistas que han perdido su inversión, ahorros y capital por la valoración de cotización de la acción del Popular en la transmisión.popular santanderLas acciones de la entidad han sido objeto de una amortización a valor cero y se ha decidido compensar a los clientes minoristas afectados a través de un bono de fidelización. Sin embargo, este bono les obligará a permanecer un mínimo de 7 años en el banco.

Estos bonos tendrán un valor nominal de 980 millones de euros e irán dirigidos a los clientes que tuvieran acciones compradas entre el 26 de mayo y el 21 de junio de 2016 y determinadas emisiones de deuda subordinada.F100009444

Si bien es cierto que los que invirtieron hasta 100.000 euros recibirán la totalidad, tendrán que estar 7 años hasta la recuperación total de su dinero. Ojo!

Para aquellos otros que invirtieron entre 100.000 y 500.000, perderán el 25% y para los que invirtieron entre 500.000 y un millón, lo perdido será el 50%.

En este punto y a la vista de la pérdida económica producida, ¿se podría plantear demanda al fin de recuperar el dinero perdido? Claro que sí, pero hay que tener cuidado con aceptar la propuesta del Banco Santander, pues se les exigirá que renuncien expresamente a emprender acciones legales contra el banco, sus administradores, directivos y empleados.

El procedimiento legal en este tipo de reclamaciones se basa en nuestro Código Civil; en concreto, en el consentimiento por error-vicio, que se encuentra regulado en los Arts.1262 a 1269 del Código Civil.

Si los afectados ofrecen la prueba del consentimiento, podrán obtener la declaración de la nulidad de la orden de compra y la consiguiente devolución de las cantidades abonadas para adquirir el producto.

Además, habrá también que recurrir a los incumplimientos de nuestro Ordenamiento Jurídico en lo tocante a los cuestionarios de idoneidad, la Directiva Europea sobre los Mercados de Instrumentos Financieros (MIFID) y otros, que las Entidades Bancarias han llevado a cabo en muchas ocasiones.

Con asistencia jurídica (letrado y en caso de ser necesario, también procurador) se iniciaría la reclamación solicitando a través de los correspondientes burofaxes o incluso Diligencias Preliminares, a fin de recabar la documentación necesaria para la futura demanda y que se les indemnice por el perjuicio causado.

Ya en el mes de junio de 2016,  el Banco Popular anunció una operación de ampliación de capital social de 2.500 millones de euros para consolidar su solvencia y fue entonces, cuando muchos ciudadanos, tras una campaña de promoción por parte de la misma entidad, decidieron invertir su dinero en acciones que adquirieron a 1,25 euros. Obviamente en la creencia de que la inversión sería fructífera y no irían a pérdidas de su dinero.

Además se da la circunstancia de que muchos de los accionistas adscritos a dicha última ampliación de capital no financiaron la compra con fondos propios sino financiados mediante préstamos de la propia entidad, que vía subrogación, el nuevo adquirente Banco Santander se encargará de pasar al cobro de forma puntual con total seguridad.

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Así, en la venta de dicho producto, por la vía legal habría que demostrar que el Banco Popular incurrió en un incumplimiento de los deberes de información sobre las características del producto que ofrecía y de su solvencia, es decir, de la situación real económica (por ejemplo, las cuentas anuales) en que se encontraba la entidad bancaria. Demostrado este incumplimiento, el consentimiento por parte de los afectados resultará viciado por error, dado que el producto, solvencia y situación económica real garantizada no eran tales, y, de haberlo conocido los afectados en el momento previo a la compra, es claro que nunca lo habrían contratado.

Así, la campaña de promoción realizada en sus oficinas y en otros canales no fue ni diligente ni respetó el deber de información existente para salvaguardar los intereses de los adquirientes. De hecho, esto ya ocurrió en otros supuestos similares como por ejemplo el caso Bankia.

Desde nuestro despacho profesional asesoramos y buscamos la mejor solución para todos aquellos afectados que quieran reclamar por su derecho a ser indemnizados.

 

Mercedes Martínez Pascual

Abogada – Socia